viernes, 31 de octubre de 2014

La insuficiencia del abordaje actual en Violencia de Género.


¿Qué más podemos hacer?, ¿son todas las medidas adoptadas de efectividad a largo plazo?, ¿las intervenciones actuales pueden mejorar?, ¿dónde se encuentran las mayores dificultades los técnicos que actúan de manera directa con esta problemática?, ¿qué necesidades siguen sin cubrirse?,¿cómo se aborda desde otros países?, ¿por qué siguen manteniéndose las cifras?…


Considerar la Violencia de Género como un problema social es relativamente reciente, tal y como señala Gracia en 2002. Lo cierto es que tras iniciarse el interés científico por este fenómeno tuvieron que pasar más de 20 años para que las organizaciones internacionales y algunos gobiernos lo consideraran un problema de salud pública y un verdadero abuso de los derechos humanos (American Medical Association 1994; Consejo Europeo 2002; OMS 2002, Lila 2010).

En 1995 la ONU plantea como objetivo prioritario la lucha contra la Violencia dirigida a las mujeres y en 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la violencia doméstica prioridad internacional para los servicios de salud. Ese mismo año, en 1998, España elabora el primer “Plan de acción contra la Violencia Doméstica” en el que considera la violencia doméstica como un problema de estado (Fernández et al., 2003) y algunos recursos públicos especializados en evaluación e intervención comienzan a abrir sus puertas.

En la actualidad contamos con medidas institucionales y profesionales, sociales, políticas, judiciales o policiales con el único fin de erradicar este tipo de violencia.

Lo cierto es que nos encontramos frente a una problemática de dimensión global que a pesar de las diversas medidas que se implementan mantiene una elevada incidencia, incluso en contra de lo que esperamos y deseamos en las generaciones más jóvenes. Éste es sin duda uno de los debates de primer orden planteado en los círculos profesionales y sociales hoy en día.

He tenido la oportunidad de conocer grandísimos profesionales implicados en combatir esta lacra desde diferentes frentes, siendo sus aportaciones, ilusiones y esperanzas de cambio fundamentales para alcanzar logros diarios. Pero no es suficiente, las cifras lamentablemente lo delatan y quienes trabajamos diariamente en esta área lo sabemos.

El abordaje actual cuenta con planes de prevención comunitarios y escolares, protocolos sanitarios que se activan ante una posible sospecha o certeza de que hay una situación de violencia de género, cuerpos y fuerzas de seguridad especializados que pueden actuar de oficio o que velan por la seguridad y protección de las víctimas, dispositivos electrónicos de protección, oficinas de asistencia a las víctimas, juzgados y fiscales especializados, juicios rápidos, centros de evaluación e intervención de urgencia, teléfonos de asistencia y asesoramiento, programas de intervención con hombres penados en centros penitenciarios (en España activos desde el año 2001), aquellos desarrollados como medidas penales alternativas a la prisión (para el supuesto de suspensión y el de sustitución de la pena privativa de libertad) o los del acceso voluntario y desarrollados en el contexto comunitario (en España ofrecidos por ONGs, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas), prestaciones económicas específicas o red de centros de acogida de urgencia, entre muchos otros que amplían este breve enumeración.

Una vez más, NO ES SUFICIENTE. Así es.

En la medida en que estamos ante un problema social que produce un desajuste global del sistema personal, familiar y social se precisa de una respuesta a la problemática integral y técnicamente interdisciplinar que implica a una gran diversidad de organismos e instituciones y servicios.  

Se ha avanzado mucho en relativamente poco tiempo en este sentido si bien, desde mi punto de vista, valoro la necesidad de perfeccionar y dotar de los medios y recursos suficientes a cada uno de estos agentes de cambio que intervienen directamente con esta problemática. De este modo lo que ya se hace se podría hacer mucho mejor.

En segundo lugar, creo que es primordial revisar la burocracia actual vinculada a esta problemática con el fin de optimizar los procesos, reducir los tiempos y no duplicar o triplicar documentos con los mismos datos. Reducir la burocracia a lo estrictamente esencial supone ganar tiempo y esfuerzo que puede dedicarse a lo verdaderamente relevante.

En tercer lugar, considero que es fundamental articular una coordinación, entre todos los agentes que intervienen, real y mucho más efectiva que trascienda con creces las  comisiones puntuales, los intercambios de experiencias o los convenios de colaboración. A la vista está que no basta con las coordinaciones/comunicaciones existentes entre los diferentes agentes de cambio para que el engranaje funcione de forma efectiva tal y como potencialmente podría hacerlo. Cada uno aislada o estancadamente conoce una parcialidad del problema.
Sería conveniente que los diferentes organismos implicados, las propias consejerías (fundamentalmente sanidad, educación, justicia y bienestar social), ministerios, gobierno central o equipos de investigación trabajaran coordinadamente de forma fluida y rápida de tal modo que aumentara su capacidad de respuesta y se agilizaran los procedimientos  e intervenciones. Sin ninguna duda una pobre coordinación entre los existentes recursos implica pérdida de oportunidades de actuación o incluso pérdida de información determinante y clave para la adecuada resolución de algunos casos.
Considero fundamental pasar de la eminente verticalidad de los organismos y servicios donde la información trasciende entre elementos jerárquicos ascendentes o descendentes a una articulación más dinámica entre los diferentes recursos que intervienen, complementaria a la anterior, que permitiera una mayor flexibilidad y un acceso a la información más rápido.




¿Podría un organismo disponer de la información que otro organismo tiene para realizar una valoración de riesgo más completa (policía, unidades de valoración de víctimas,…)?, ¿podría bienestar social a través de programas de prevención acceder directamente a aquellos casos en los que educación detecta sistema de creencias y valores especialmente vulnerable?, ¿podría un equipo de investigación, de una universidad por ejemplo, acceder a la base de datos de un organismo público o disponer de una fuente activa de un servicio para realizar investigaciones con el fin de optimizar las intervenciones?, ¿podría un juzgado especializado en violencia de género considerar de forma excepcional el estado de la intervención terapéutica o del proceso de recuperación de una víctima para agilizar el proceso y evitar la re-victimización?,…

                                                     


                                                                                       FOTOS:http://culturadelalegalidad.org.mx/blog/educacion-social-y-educador-social/

Y en cuarto y último lugar, si estamos ante un problema social, que anteriormente se consideraba un problema privado, quizás concienciar a la familia y comunidad de la responsabilidad que tienen es una de las asignaturas pendientes que tenemos, ya que focalizando únicamente en la atención e intervención de la víctima (lógicamente absolutamente primordial) sin considerar la relevancia que tiene su entorno inmediato, o la intervención con el agresor, supone una intervención incompleta.



Lo cierto es que se hace mucho pero hay que hacer más y hacerlo mejor. Un análisis completo del abordaje actual (qué hacemos desde cada recurso, cómo lo hacemos y muy especialmente qué resultados obtenemos/índice de calidad) permitiría tomar conciencia de las duplicidades de servicios y de las lagunas que sin duda hay, así como sacar un mayor rendimiento del engranaje con el que contamos. Aprovechemos la voz y el buen hacer de los profesionales que día a día siguen plantando cara a esta barbarie, desde sus áreas de especialidad y a pie de campo, ya que seguramente son quienes primero detectan las insuficiencias del abordaje actual en su parcela profesional y a su vez quienes pueden ofrecer las propuestas más interesantes. Puede que escucharles sea la clave.




Bibliografía consultada:

-Echeburúa, E. y Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. Madrid: Siglo XXI
-Geldschläger, H., Beckmann, S., Jungnitz, L., Puchert, R., Stabingis, A. J., Dully, C., …
Schweier, S. (2010). Programas europeos de intervención para hombres que ejercen
violencia de género: panorámica y criterios de calidad. Intervención Psicosocial, 19,
181-190.
-Lila, M. (2009). Intervención con hombres penados por violencia contra la mujer: el
Programa Contexto. En F. Fariña, R. Arce y G. Buela-Casal (Eds.), Violencia de género.
Tratado psicológico y legal (pp. 210-220). Madrid: Biblioteca Nueva
-Lila, M., García, A. y Lorenzo, M. V. (2010). Manual de intervención con maltratadores.
Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad


2 comentarios:

  1. Tenemos una de las legislaciones más avanzadas pero que queda mucho por hacer.
    Tu artículo invita a la reflexión.

    Gracias Susana

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  2. Ciertamente nuestra legislación es tomada como referencia en otros países y es una de las bases primordiales para poder avanzar y erradicar este tipo de violencia. Es un fenómeno complejo que precisa aunar esfuerzos desde diferentes áreas de intervención y evidentemente una de ellas es la jurídica.

    Muchas gracias por tu aportación

    Un saludo

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